14 abril 2013.-A fin de sentar las bases para consolidar a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia, como un tribunal constitucional estatal que cuente con las facultades y elementos legales suficientes para resolver una contienda de orden territorial entre municipios de Nayarit, en Sesión Pública Ordinaria del día miércoles 10 de abril, los integrantes de la Trigésima Legislatura, que preside el diputado Armando García Jiménez, aprobaron por unanimidad el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley que establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios.
En esta iniciativa de reforma, la cual presentó el diputado local Saúl Paredes Flores, recoge todo lo relativo a la resolución de conflictos en materia territorial, por lo que se señala que la Sala Constitucional Electoral tiene las facultades especializadas en esta materia; tomando en cuenta que su naturaleza requiere la incorporación de determinados elementos jurídicos que le son propios; tales como la figura del Magistrado Instructor, la supletoriedad para aplicar la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit y el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
De igual manera señala que tendrá todas aquellas facultades necesarias para desahogar el procedimiento de resolución de conflictos de orden territorial en la vía contenciosa con total apego a la Ley y considerando todos los elementos de prueba ofrecidos por las partes.
Con el voto afirmativo de los representantes populares nayaritas, se cumple la obligación impuesta por el artículo cuarto transitorio de la reforma a la constitución local de fecha 13 de octubre de 2012.
Es importante hacer mención que en el desarrollo de esta misma Sesión Pública Ordinaria del día miércoles, el Secretario de la Mesa Directiva, Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda, dio tramite de segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit, en materia de alienación parental, divorcio y alimentos; iniciativa presentada por la legisladora María Dolores Porras Domínguez.